Información sanitaria facilitada por teléfono, ¿es legal?

¿Es legal la información sanitaria que facilita personal médico a familiares de un paciente cuando se realiza por teléfono? ¿Y si esa información se ofrece sin que el paciente haya consentido? ¿Y si esa cesión de información se realiza cuando el paciente no puede contactar con los familiares ni autorizar dicha cesión?

SUPUESTO DE HECHO

Paciente ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hospitalaria, por vía de urgencia. Los familiares diretos (padre, madre, hermanos) residentes en otra ciudad, no se relacionan con la pareja de la paciente. Reciben información del ingreso y llaman por teléfono al hospital para contactar con el médico de guardia con el fin de recabar información sobre el estado de salud de la hija/hermana.

La paciente se encontraba sedada y no podía contactar con sus familiares ni dar el consentimiento, estando presente en el hospital sólo su pareja sentimental.

Una de las hermanas de la paciente contacta con el Servicio de Urgencias, se identifica como trabajadora sanitaria y solicita a la médico de guardia información clínica de la paciente. Ésta se niega a prestársela por ese medio y sin posibilidad de identificar a la interlocutora. Sugiere la posibilidad de que consulten con la pareja de la paciente, que se encuentra en la sala de espera.

Finalmente y después de insistir, la médico de guardia accede a facilitar una información básica, no detallada, sobre el estado de salud de la paciente. Y lo hace por calmar el estado de preocupación y ansiedad de la familia.

Este caso fue valorado por la Agencia Española de Protección de Datos, a través del Procedimiento número A/00134/2016, que generó Resolución número R/01309/2016.

¿ES CORRECTA ESTA CESIÓN DE INFORMACIÓN?

Esta situación es muy habitual en los hospital públicos. Tradicionalmente este tipo de llamadas se producen cuando se solicita información sobre el número de habitación de ingreso, el estado en el que se encuentra el paciente,… No obstante, la LOPD de 1999 vino a modificar ese uso social prohibiendo facilitar información de terceros, salvo que contase con el consentimiento del titular de los datos.  Todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos estarán sujetas al deber de confidencialidad  (art. 5.1 de la LOPD y GDD). Este deber será complementario del deber de secreto profesional (art. 5.2) al que están obligados el personal sanitario respecto a la información clínica del paciente.

Los datos tratados (en este caso por el hospital) no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.

Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los datos que recoge el artículo 18.4 de la Constitución Española. Este precepto contiene un «instituto de garantía de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos» (Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre).

Por otra parte, el hecho de  que la información se ofrezca para calmar el estado de preocupación de la familia no puede ser un argumento que libere al profesional de responsabilidad . «La conducta que configura el ilícito administrativo requiere la existencia de culpa, que se concreta en el simple incumplimiento del deber de guardar secreto, deber que se transgrede cuando se facilita información a terceros de los datos personales, (…) y esta conducta basta para consumar la infracción. En consecuencia, esa falta de diligencia configura el elemento cumpabilístico de la infracción administrativa. (…) Por lo tanto, concurren los requisitos exigibles para que la conducta sea culpable» (Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de septiembre de 2001).

NO ES LEGAL LA CESIÓN DE INFORMACIÓN POR ESTA VÍA SIN CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO

Este derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar al paciente un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino que impida que se produzcan situaciones atentatorias con la dignidad de la persona. Es decir, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida.

Por tanto,  debe existir consentimiento explícito para ofrecer información clínica de un paciente . El medio utilizado para dar esa información (personal, telefónico, telemático,…) es una cuestión secundaria, aunque no exenta de particularidades que pueden complicar el análisis final de la situación. Lo realmente trascendente es la autorización del paciente a dicha cesión.

En este caso concreto, no existía dicho consentimiento, por lo que la actuación de la profesional sanitaria que ofreció información clínica a la familia fue incorrecta y sancionable administrativamente.

 

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