Cuidado con la toma de temperatura en establecimientos o lugares públicos

Inmersos en este proceso de desconfinamiento por la pandemia de COVID-19 son muchas las preguntas que podemos hacernos sobre nuestros derechos como ciudadanos, pero mucho más importante son las dudas sobre las limitaciones que estamos soportando a esos derechos (y previsiblemente, que tendremos que acostumbrarnos a soportar).

En situaciones como la que estamos viviendo no resulta fácil establecer los límites entre la libertad individual de actuación y el bien común.

A nivel de técnica jurídica, un derecho fundamental (como el de manifestación, o el de reunión) regulados por Leyes Orgánicas ¿deberían poder verse recortados o limitados por una norma jurídica de inferior rango como un Real decreto, un decreto o una Orden Ministerial? ¿Puede ser tan «sencillo» realizar estos recortes a los derechos individuales y sociales? ¿Puede un gobernante tomar de esta forma decisiones tan trascendentales?

¿Tenemos los ciudadanos alguna capacidad de oposición y queja en estas circunstancias? ¿Dónde están los límites a partir de los cuales no deberíamos permitir diferentes decisiones políticas?

Como decía, en este proceso de desconfinamiento se plantean prácticas de cara a un futuro inmediato que, habituados al recorte de libertades, empezamos a asumir como inevitables. Vemos en otros países que iniciaron la fase de contagio mucho antes que en el nuestro que, para volver a una «normalidad» adulterada, proponen control y actuaciones que en otras circunstancias nos parecerían intolerables y un claro ejemplo de invasión de nuestra privacidad, pero que (por desgracia) estamos normalizando con demasiada rapidez.

1. LA TOMA DE TEMPERATURA EN LUGARES O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Una de esas medidas que ya se está proponiendo para el proceso de desescalada es la de tomar muestras de temperatura corporal de los ciudadanos que coincidan en algún lugar público que las autoridades entiendan como estratégico.

¿Debemos dejarnos tomar la temperatura? ¿Qué consecuencias acarreará dicha toma? ¿Y cuál consecuencia podría acarrear la negativa del ciudadano a participar en ese control? ¿Puede realizarse la toma de muestra en cualquier lugar o establecimiento? ¿La puede tomar cualquier persona (empleado público o privado), o debe ser personal sanitario autorizado? ¿La existencia de fiebre asegura la presencia de coronavirus, o ese nivel de temperatura puede deberse a otras causas sin relación con esta enfermedad? ¿Podemos conocer las características del dispositivo con el que se toman las muestras? ¿Cuál será la temperatura límite para entender que hay que tomar alguna decisión?

¿Una eventual denegación de acceso a un centro educativo, laboral o comercial estaría desvelando a terceros, que no tienen ninguna justificación para conocerlo, que la persona afectada tiene una temperatura por encima de lo que se considere no relevante y, sobre todo, que puede haber sido contagiada por el virus?

2. ¿QUÉ PODEMOS HACER?

Lo primero que debemos tener claro es que, a fecha de hoy, NO DEBEMOS PERMITIR TOMAS DE MUESTRAS DE NINGÚN TIPO Y EN NINGÚN ESPACIO. La implantación de la toma de temperatura debe ir precedida de la correspondiente instrucción previa (a través de una norma legal publicada en el BOE) por parte de las autoridades sanitarias, es decir, del Ministerio de Sanidad. En tanto que esto no suceda, cualquier toma de muestra de temperatura (o cualquier otro indicador) no es obligatorio, y dependerá de nuestro consentimiento para que se pueda llevar a cabo.

Esta acción y, en su caso, el tratamiento de datos de toma de temperatura supone una injerencia particularmente grave en los derechos de los ciudadano, ya que afecta a datos relativos a la salud (por lo tanto, datos especialmente protegidos por la legislación actual), no sólo porque el valor de la temperatura corporal es un dato de salud en sí mismo sino también porque, a partir de él, se asume que una persona padece o no una concreta enfermedad, como es en estos casos la infección por coronavirus.

3. ACTUAR

Si en algún establecimiento público se propone este tipo de toma de muestras para permitir la entrada, habrá que denunciarlo. Otra cosa distinta es el acceso a establecimientos privados, en donde el propietario puede establecer pautas o condiciones que están legalmente permitidos (siempre que no atenten sobre derechos fundamentales o provoquen discriminación.

Por tanto, habrá que esperar a la publicación de la norma legal que dicte el Ministerio de Sanidad para valorar y evaluar las condiciones en las que se tomarán estas muestras.

Desde la perspectiva ciudadana habría que exigirle al Ministerio el cumplimiento de una serie de requisitos mínimos que garantice la preservación de la confidencialidad y privacidad, hay que tener en cuenta, como ya se ha dicho más arriba, que estamos tratando con datos especialmente protegidos por la legislación nacional, a tratarse de datos «sensibles» sobre nuestra salud. Es cierto que existe un bien común superior que debemos preservar entre todos, que es la salud pública, pero no es menos cierto que esa preservación debe ir acompañada de los máximos niveles de garantía de la privacidad de los ciudadanos.

Estos requisitos podrían ser:

– Formación mínima del personal que realizará la toma de muestras
– Homologación de los dispositivos que se utilizarán.
– Información previa a los ciudadanos
– Información sobre el posible tratamiento de datos (¿se recogerán datos?, ¿cuales?, ¿dónde se guardarán?, ¿durante cuánto tiempo?, ¿cuándo se destruirán?)

4. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Tal y como dice la Agencia de Protección de Datos en su reciente comunicado del 30 de abril, en todo tratamiento de datos, la recogida de datos de temperatura debe regirse por los principios establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, entre ellos, el principio de legalidad. Este tratamiento debe basarse en una causa legitimadora de las previstas en la legislación de protección de datos para las categorías especiales de datos (artículos 6.1 y 9.2 del RGPD).

Si finalmente se decidiera que la toma de temperatura se realizara en base al consentimiento del ciudadano, este consentimiento no sería libre (tal y como exige la normativa), puesto que su negativa podría acarrear consecuencias negativas directas, al negarse el acceso a centros públicos, educativos o de trabajo.

Podeis echar un vistazo al comunicado de la Agencia Española de Protección de datos a través del siguiente enlace:

> AEPD. Comunicado AEPD sobre la toma de temperatura en establecimientos

Habrá que estar atento a lo que vaya sucediendo en las próximos días con este (y otros) temas para evitar que la limitación de derechos se convierta en una práctica habitual e inevitable.

 

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