Clínicas privadas y gastos médicos de pacientes extranjeros

¿Puede obligarse a un hospital privado que derive a un paciente a un hospital público a abonar los gastos de asistencia generados en el sistema público de salud?

El Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite un recurso de casación presentado por la clínica privada Quirón Salud. El recurso persigue la unificación de doctrina a propósito de si los gastos médicos generados en la sanidad pública por un extranjero sin derecho a asistencia sanitaria pública, deben ser asumidos por las clínicas privadas.

LOS HECHOS

Paciente extranjero, que se encuentra con estancia legal temporal en España, con seguro de asistencia sanitaria contratado con aseguradora privada para esa corta estancia (para el caso es indiferente si se trata de ciudadano comunitario o extracomunitario, aunque cabe la posibilidad de que los ciudadanos europeos aporten la Tarjeta Sanitaria Europea, en cuyo caso estaríamos en otro escenario distinto).

Este ciudadano sufre una dolencia y debe ser visto en el servicio de urgencias. Lógicamente se persona en el centro sanitario privado con el que tiene concertada su asistencia sanitaria. El centro sanitario privado le atiende y cuando comprueba la gravedad de la dolencia, decide informar al paciente que este centro no dispone de recursos para atender dicha dolencia, por lo que debe trasladarse al Servicio de Urgencias del hospital público más cercano. El desplazamiento ser realiza por medios del propio paciente y sin informe clínico de derivación de la clínica privada.

Evidentemente el paciente así lo hace. Es recepcionado por el servicio de urgencias del hospital público y tras valoración y diagnóstico, se decide ingreso hospitalario y el tratamiento adecuado. Tratamiento que genera una estancia en el hospital de varios días.

Resuelto el problema médico, el paciente recibe el alta hospitalaria.

Hasta aquí el proceso clínico. A partir de este punto se inicia el proceso administrativo-contable.

El hospital público, conociendo que antes de la entrada del paciente por su Servicio de Urgencias fue atendido en la clínica privada y teniendo conocimiento del contrato de asistencia del paciente con la aseguradora privada, envía un requerimiento a la clínica privada solicitándole datos del paciente en relación a la «cobertura» que dispone con dicha aseguradora, o en caso de tratarse de un extranjero comunitario, si disponen de tarjeta sanitaria europea o certificado provisional sustitutorio, advirtiéndole que de no aportar lo solicitado en el plazo previsto, el centro privado deberá asumir los gastos sanitarios generados por el paciente.

La clínica privada no contesta a dicha petición de información y el hospital público procede a facturar la asistencia prestada en virtud de la normativa correspondiente de tasas y precios públicos.

LOS ARGUMENTOS JURÍDICOS DE LAS PARTES

 El Servicio de Salud público  se basa en el derecho de la Administración Pública a reclamar del tercero responsable el coste de los servicios prestados (art. 83 de la Ley 14/1986): a la posibilidad que dispone la ley para que los servicios de salud reclamen a esos terceros obligados el importe de las atenciones o prestaciones sanitarias facilitadas directamente a las personas (art. 2.7 del Real Decreto 1030/2006).

 

El Servicio de Salud Público puede reclamar a terceros obligados al pago las atenciones sanitarias prestadas@betajuris
 

Considera, por tanto, que no existió voluntariedad del paciente en acudir al centro público para recibir asistencia, sino que existió derivación desde la clínica privada al no disponer ésta de medios para hacer frente a la patología del paciente. Por lo tanto, existió una clara utilización de un recurso público para una actividad privada no concertada, lo que debe ir asociada a facturación de dicha actividad.

Por su parte,  el hospital privado  no se considera sujeto pasivo de esta atención. La atención sanitaria fue prestada directamente por el hospital público al paciente, que la demandó en el Servicio de Urgencias. Por tanto, el servicio de salud público debe contender directamente con el usuario extranjero y valorar si es pertinente o no la facturación de la asistencia, pero en todo caso, el coste de dicha asistencia nunca debe ser reclamada a la clínica privada.

LOS TRIBUNALES

Concretamente, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias dice que debe entenderse que este tipo de asistencia es de carácter privado y no publica, ya que ha sido requerida por la entidad privada que es quien remite al paciente al servicio de salud público. Por lo tanto, la asistencia no ha sido demandada por el paciente directamente en el hospital público.

Por tanto, el centro privado se encuentra en la misma situación que cualquier particular que sin disponer de cobertura sanitaria se presenta en el hospital público demandando asistencia. Lógicamente, el hospital privado debe asumir el coste de la misma, o en su caso, facilitar la documentación necesaria solicitada por el servicio de salud público.

Ante esta situación y puesto que el Tribunal Supremo no se ha manifestado aún a este respecto, ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por la clínica privada. Desde Beta Juris estaremos atentos a la sentencia final y la comentaremos por aquí.

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