Asistencia sanitaria a los presos, ¿quién la garantiza?

¿Quién debe asumir y garantizar la asistencia sanitaria prestada a los internos en establecimientos penitenciarios? ¿la sanidad pública o la administración penitenciaria?

Se trata de una controversia jurídica antigua. ¿Quién responde por la prestación de asistencia sanitaria a reclusos internos, asegurados, afiliados o beneficiarios de la Seguridad Social?

LAS DOS POSTURAS:

A) La de la  Administración General de Estado , bajo cuya dependencia se encuentran los centros penitenciarios, que considera que la asistencia sanitaria a los presos deben prestarse por los servicios públicos de salud en las mismas condiciones y aplicando el mismo procedimiento que se aplica al resto de ciudadanos. Es decir, si el recluso dispone de reconocimiento de la condición de asegurado o beneficiario de asistencia sanitaria (prácticamente la totalidad de la población reclusa), debe ser el Sistema Nacional de Salud quien, no sólo preste la asistencia, sino también quien asuma el coste que ella lleva aparejado. Si por el contrario, el recluso no dispone de tal reconocimiento de asistencia, el Servicio Público de Salud podrá facturar por la asistencia dispensada.

B) La de los  Servicios Públicos de Salud , que defienden el cobro de los servicios sanitarios dispensados en tanto que, a falta de convenio entre las dos Administraciones (sanitaria y penitenciaria) es esta última la que debe hacerse cargo de aquellas prestaciones por existir disposiciones legales y reglamentarias que así lo imponen, de lo que debe interpretarse que es el Ministerio del Interior un «tercero obligado al pago» de los precios públicos correspondientes, sin que pueda excluirse de esta obligación la asistencia sanitaria a reclusos beneficiarios de la Seguridad Social o con reconocimiento de asistencia sanitaria gratuita (como sucede con los funcionarios mutualistas, por  ejemplo).

A propósito de todo esto se acaba de manifestar el Tribunal Supremo en su STS 222/2019, Sala Contencioso-Administrativo, de 21 de febrero de 2019.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Supremo  analiza previamente la competencia de la sala Contencioso-Administrativo  en este asunto, por entender que podría recaer dicha competencia sobre la sala de lo Social, ya que ésta debe resolver los litigios que se promuevan en materia de prestaciones de Seguridad Social. Finalmente, decide que debe ser la sala de lo Contencioso-Administrativo quien asuma la resolución de esta cuestión ya que la controversia se ciñe exclusivamente en determinar  qué Administración pública debe afrontar los gastos de tal prestación , de manera que el asunto es más un litigio entre Administraciones Públicas que un pleito en materia de prestaciones de la Seguridad Social.

Respecto al fondo del asunto, en la sentencia se realiza un despliegue de razonamientos sobre la legislación a aplicar, para concluir:

  1. Que  la protección integral de la salud del interno es un deber que se impone a la administración penitenciaria , a cuyo cargo tiene a una persona vinculada a ella por una evidente relación de sujeción especial.
  2. Que  no hay un solo precepto legal o reglamentario que disponga que el coste  de la asistencia sanitaria (cuando es dispensada a los presos fuera del establecimiento y por medios ajenos a la institución penitenciaria)  deba ser sufragada por el titular de la institución sanitaria  que presta dicho servicio.
  3. Que  no existe diferencia  alguna en relación al abono de los gastos derivados de la  asistencia recibida tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada .
  4. Que el hecho de que  los internos estén afiliados a la Seguridad Social o tengan derecho a la asistencia sanitaria gratuita no puede significar que aquellos internos se excluyan de la financiación  o que el gasto de su asistencia haya de ser asumido íntegramente por la Administración sanitaria.

CONCLUSIÓN

Ante la inexistencia de convenio de colaboración entre la administración penitenciaria y el Servicio de Salud correspondiente para la prestación de asistencia sanitaria a los internos en centros penitenciarios,  corresponde a la administración penitenciaria la asunción de los costes que llevan aparejadas las prestaciones sanitaria dispensadas por el Sistema Nacional de Salud,  con independencia de que el interno en los centros penitenciarios que recibe la asistencia sea o no beneficiario, afiliado o asegurado a la Seguridad Social.

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