ASESORAMIENTO JURÍDICO

  • Beta Juris nace como asesoría jurídica con vocación de servicio al paciente-usuario de los Servicios de Salud (públicos y privados)

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  • Ayudamos y facilitamos las relaciones de los pacientes con clínicas, centros de salud y hospitales.

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ÁREAS DE TRABAJO

Asistencia sanitaria
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Privacidad y Protección de datos
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Reintegro de gastos
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Recursos y Reclamaciones
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Responsabilidad patrimonial
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NUESTROS OBJETIVOS

Nuestro objetivo

Nos interesa informar sobre los derechos sanitarios que tenemos como ciudadanos.

Pretendemos aportar una perspectiva crítica sobre el mundo del Derecho Sanitario y las relaciones entre ley y salud.

No son objetivos nuestros

No pretendemos inducir a la reclamación sistemática.

Por desgracia, ya abundan asesorías y despachos jurídicos que han descubierto un filón en la reclamación patrimonial, o en litigar por negligencias médicas. Muchas veces anteponiendo sus intereses comerciales a los intereses personales de los pacientes.

Perseguimos

> Difundir derechos como consumidor de servicios sanitarios.

> Informar sobre la forma de ejercer esos derechos de forma responsable.

> Hacer entendibles por todos las leyes y las sentencias relacionadas con los derechos sanitarios.

Set de herramientas

  • Ponemos a disposición de todos una serie de herramientas organizadas por temáticas. Os ayudará a hacer frente a situaciones complejas.

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  • Cada apartado está constituido por la normativa que lo regula, lo que dicen los tribunales al respecto y, en algunos casos, alguna documentación que es interesante leer para tener una visión más completa.

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  • También se incluyen modelos de documentos en los que basaros para redactar escritos o reclamaciones.

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  • Podéis hacer uso de toda la documentación que aparece en los siguientes apartados sin problemas.

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ASISTENCIA SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

· Constitución Española. Art. 43
· Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
· Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
· Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
· Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
· Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
· Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
· Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
· Real Decreto Ley 7/2018, sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
· Real Decreto 576/2013, de 26 de julio por el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud.
· Orden SSI/1475/2014 regula el contenido y procedimiento de suscripción del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria.
· Resolución de 25 febrero 2008 Regula el procedimiento para acceder a la asistencia sanitaria para españoles de origen retornados y para pensionistas y trabajadores por cuenta ajena españoles de origen residentes en el exterior que se desplacen temporalmente al territorio nacional.

GESTIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA:

· Ley 15/1997, de 25 de Abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS
· Ley 28/2005, de 26 de Diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo
· Real Decreto 938/1989, de 21 de Julio, procedimiento y los plazos para la formación de los planes integrados de salud
· Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
· Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
· Real Decreto 29/2000, de 14 de Enero, sobre nuevas formas de gestión del Insalud
· Real Decreto 1207/2006, de 20 de Octubre, del fondo de cohesión sanitaria
· Orden SSI/1840/2012, de 13 de agosto, del Consejo Asesor de Sanidad

·  STS 223/2019, 21 de Febrero de 2019. Derecho a la asistencia sanitaria en los hospitales públicos del sistema nacional de salud. Resuelve el recurso de casación por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 9242/2017.

· STS 327/2018, 21 de Marzo de 2018. Prestaciones de incapacidad. Reintegro de gastos de asistencia sanitaria. Subsidio. Contingencias de accidentes de trabajo.

· STS 223/2019, 21 de Febrero de 2019. Derecho a la asistencia sanitaria en los hospitales públicos del sistema nacional de salud. Seguro de accidentes. Administraciones sanitarias competentes.

· STS 531/2018, de 2 de abril. En el pliego de claúsulas administrativas particulares del contrato cuyo objeto era la prestación de la asistencia sanitaria concertada en determinados hospitales.

· Medicamentos digitales. La autonomía del paciente a debate. Artículo doctrinal. 2019.

· Protección de la salud, Atención Primaria y derechos fundamentales. Artículo revista «Teoría y realidad constitucional». Facultad de Derecho. UNED. 2018.

· Solicitud de asistencia sanitaria ante la Seguridad Social

· Solicitud de asistencia sanitaria para extranjeros no regularizados en España

· Solicitud de asistencia sanitaria a Menores Extranjeros No Regularizados

· Solicitud de asistencia sanitaria a Embarazadas Extranjeras No Regularizadas

CONSENTIMIENTO INFORMADO

– Código Civil. art. 199
– Ley de Enjuiciamiento Civil, art 763
– Ley General de Sanidad. Art 10
– art. 4.3 Ley 41/2002. Régimen de responsabilidad en materia de información clínica.
– art. 2.6 Ley 41/2002. Cumplimiento del deber de información de todo profesional sanitario que intervenga en la actividad asistencial.
– art 10 Ley 41/2002 de Autonomía del paciente.
– art. 5.1 Ley 41/2002. Límites del consentimiento cuando el paciente lo autoriza.
– Ley Orgánica 3/1986 de Salud Pública. Riesgos para la salud pública en enfermedades infecto-contagiosas.
– Convenio de Oviedo. Convenido del Consejo de Europa para protección de los Derecho Humanos y dignidad del ser humano.

– STS 16 de octubre de 1998. Obligación de informar en caso de intervención de varios médicos en el mismo proceso clínico.

– STS de 26 de septiembre de 2000. Condena a un médico por no haber informado a su paciente de los riesgos y alternativas del tratamiento.

– STS de 8 de septiembre de 2003. Reitera la misma obligación de información.

– STSJ de Cataluña, sala CA, de 31 de marzo de 2005. No es motivo para invalidar el consentimiento informado dado por el paciente el hecho de que la información sea facilitada necesariamente por el propio médico que practique la operación, pues es válida y suficiente la realizada por otro facultativo en el ámbito del servicio sanitario correspondiente.

· Consentimiento informado y autonomía del paciente. Libros UNAM. 2018. – Repaso a la doctrina y jurisprudencia española y europea, respecto a la autonomía y principio de autodeterminación del paciente en el momento final de la vida.

· El consentimiento informado: percepción de pacientes. Revista med de la Facultad de Medicina de Bogotá. 2013

· El consentimiento informado en práctica médica: «una visión humanista». Revista Conamed. 2018

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN

– Constitución Española. Artículos 9 y 106

– Constitución Española. Artículo 149.18

– Ley de Expropiación forzosa de 1954

– Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, cap IV, arts de 32 a 37.

– RDLegislativo 8/2004, de 29 de octubre. TRL sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor.

– Resolución de 25 de julio de 2018, por el que se hacen públicas las cuantías de las indemnizaciones por daños causados a las personas en accidentes de circulación.

CONCEPTOS GENERALES

– STS de 13 de abril de 2005 (rec 5588/2002). Aunque no se refiere a una reclamación relativa a la asistencia sanitaria, recogió una completa doctrina sobre la responsabilidad patrimonial sanitaria y establecio los requisitos básicos.

– STS de la Sala 3ª, de 25 de febrero de 1981. Antijuridicidad del daño o lesión. La persona que lo sufre no teien el deber jurídico de soportarlo, cuesión necesitada de ser precisada en cada caso concreto.

– STS de 17 de diciembre de 1980, de 13 de noviembre de 1981. Realidad de un resultado dañoso.

– STS de 22 de diciemb re de 1982. El lucro cesante reconocido como daño.

– STS de 10 de diciemb re de 1982. Imputabilidad de la actividad dañosa a la Administración.

– STS de 1 de noviembre de 1982. Nexo causal. El daño debe ser consecuencia eclusiva y esencial del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad aministrativa.

– STS 462/2008 de 20 de marzo de 2018 (rec 2820/2016). Revisa los conceptos de daño, pérdida de oportunidad y carga de la prueba.

– STS 462/2008, de 20 de marzo de 2018 (rec 2820/2016). Reúne una relación amplia de sentencias del Tribunal Supremo en las que se revisan los conceptos de daño, pérdida de oportunidad y carga de la prueba.

– STS de 24 de julio de 1999, rec 380/1995). Para apreciar Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, debe suceder que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar y que sea real, concreta y susceptible de evaluación económica; que la lesión sea imputabble a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que exista una relación de causa y efecto entre el funcionamiento y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor.

RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL MÉDICO

– STS de 3 de febrero de 2015. La responsabilidad que tiene cualquier profesional médico es de medios y, como tal, no puede garantizar un resultado concreto.

– STS de 3 de julio de 2013. Recuerda que en el ámbito de la responsabilidad del profesional médico debe descartarse la responsabilidad objetiva y una aplicación sistemática de la técnica de la inversión de la carga de la prueba.

RESPONSABILIDAD Y DAÑO

– STS, Sala CA, de 29 de junio de 2011 (rec 2950/2007). A la Administración no es exigible nada más que la aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica. La Administración sanitaria no puede constituirse en aseguradora universal.

– STS de 9 de junio de 2009 (rec casacion 1822/2005). La cuantificación de la indemnización corresponde fijarla al Tribunal de instania. Sólo puede tener acceso a la casación en la forma en que los hechos declarados probados por la sentenci impugnada puedan ser combatidos en la misma a través de la invocación de infracción de normas o jurisprudencia en la apreciación de las pruebas.

CAUSALIDAD

– STS, sala 3ª, de 6 de noviembre de 1998 (rec 2346/1994), Fundamento Jurídico Tercero. Debe existir nexo causal directo y exclusivo entre la actividad administrativa y el resultado dañoso. Fija la «Teoría de la Causalidad»

REQUISITOS DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL

– STS, sala CA, de 11 de julio de 2016 (rec casac 1111/2015). La reclamación patrimonial requiere: a) efectiva realidad del daño o perjuicio, b) que el daño o lesión sea como consecuencia de funcionamiento de la administración, c) que exista relación de causa a efecto, y d) que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.

– STS, sala CA, de 16 de marzo de 2016, (rec 3033/2014). Lo relevante es que la antijuridicidad del daño es que no se imputa a la legalidad o no de la actividad administrativa o a la misma actuación de quien lo produce, sino a la ausencia de obligación de soportarlo por lo ciudadanos que lo sufren.

– STS de 19 de mayo de 2015 (rec 4397/2010). No resulta suficiente la existencia de una lesión sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo.

– STS de 22 de abril de 2016. Fundamento de Derecho Tercero. El sistema de responsabilidad patrimonial se trata de un sistema: a) unitario, b) general, c) de responsabilidad directa, d) objetiva, y e) tiende a la reparación integral.

PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

– STS de 19 de octubre de 2011 (rec casación 5893/2006). La denominada «pérdida de oportunidad» se caracteriza por la incertidumbre acerca de que la actuación médica omitida pudiera haber evitado o mejorado el deficiente estado de salud del paciente.

– STS de 23 de enero de 2012 (rec casación 43/2010). La privación de expectativas, denominada por nuestra jurisprudencia de «pérdida de oportunidad», se concreta en que basta con cierta probabilidad de que la actuación médica puediera evitar el daño, aunque no quepa afirmarlo con certeza, para que proceda la indemnización por la totalidad del daño sufrido.

DEBER DE SOPORTAR EL DAÑO

– STS 6878/2010, de 9 de octubre de 2012. El supuesto se manifiesta como una carga social que el reclamante no tiene el deber jurídico de soportar de manera individual, sino que ha ser compartida por el conjunto de la sociedad.

· La menguante responsabilidad patrimonial del Estado por leyes contrarias a Derecho. Anuario de Derecho Parlamentario. 2018.

En el artículo se pone de relieve cómo el alcance de esta responsabilidad ha ido menguando paulatinamente, de resultas de sucesivas rectificaciones del Tribunal Supremo y de la regulación contenida en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

· El derecho a la buena administración en el marco de la protección de los derechos humanos. Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. 2019

ESTAMOS ELABORANDO MODELOS DE DOCUMENTOS ÚTILES.

PROTECCIÓN DE DATOS EN ENTORNOS SANITARIOS

· REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

· Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

· Ley 41/2002, de Autonomía del paciente.

· Uso de internet por los adolescentes en la búsqueda de información sanitaria. Artículo divulgativo de la revista «Atención Primaria». 2017-2018.

· Aplicaciones móviles en el mercado sanitario. Artículo divulgativo. 2018.

· ¿Quién decide qué datos deben constar en la historia clínica en relación con el origen biológico?. Artículo divulgativo de la revista «Atención Primaria». 2018.

¿Cuánto tiempo se deben conservar los datos de los pacientes?
Se establece un plazo de conservación de al menos cinco años contados desde el alta de cada proceso asistencial.

Por tanto, cuando un paciente reciba el alta o por cualquier motivo deje de asistir a la clínica, no se puede proceder a eliminar sus datos ya que existe una obligación de custodia de la historia clínica.

Igualmente ocurriría en el caso de que el paciente solicitara la cancelación de sus datos. Estos no podrían ser cancelados , si no quedarían debidamente bloqueados.

Respecto a la Responsabilidad civil: El Código Civil establece un plazo de quince años para poder llevar a cabo una acción por responsabilidad civil, plazo que computa desde que el reclamante tiene conocimiento del daño.

No obstante, a efectos prácticos, este plazo se incrementa en quince años más ya que si el daño se conoce justo antes de que venzan los primeros quince, automáticamente se prorrogará por otros quince años más.

¿Puede el hospital comunicar los datos a las mutuas?
Sí, puesto que existe habilitación legal para ello. Siempre de acuerdo al principio de calidad y respecto a las funciones encomendadas.

¿Quién puede acceder a los datos médicos?
Sólo puede tener acceso el personal directamente implicado en la atención del paciente.

¿Pueden familiares y allegados tener acceso a ellos?
En cuanto a familiares y allegados, se les podrá facilitar la información siempre que acrediten un interés legítimo, así como, su identidad y siempre y cuando el paciente no haya manifestado expresamente su voluntad de lo contrario.

¿Se puede utilizar los datos de los pacientes para hacer estudios?
Como regla general, se debe contar con el consentimiento expreso del paciente. Para contar con ese consentimiento, se le habría de informar de que sus datos se van a utilizar para fines de investigación.

Otra opción consistiría en separar los datos identificativos de los datos médicos, es decir, proceder a una anonimización de los datos, para que a través de los mismos no pudiera ser identificado

REINTEGRO DE GASTOS EN LA PRESTACIÓN SANITARIA

· Ley 36/2011, de 10 de octubre de Jurisdicción Social.

· Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad.

· Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

· Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre de Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud.

· Orden TIN/971/2009, de 16 de abril, de compensación de gastos de transporte en asistencia sanitaria derivada de riesgos profesionales y de comparecencias para la realización de exámenes o valoraciones médicas.

· STS, Sala de lo Social, de 25 de marzo de 2004 (rec 1737/2003). «La asistencia sanitaria debida por la Seguridad Social tiene unos límites, sin que pueda constituir el contenido de la acción protectora del sistema la aplicación de aquellos medios no accesibles ni disponibles en la sanidad española a cuantos lo soliciten»

· STS de 20 de octubre de 2003 (rec 3043/2002). Para determinar si hay derecho o no al reintegro de gastos médicos, deben examinarse la concurrencia de los requisitos necesarios (Urgencia inmediata y de carácter vital, no utilización de servicios de sanidad pública y no constituya utilización abusiva de la excepción) en cada supuesto enjuiciado.

· STSJ Galicia número 2101/1993. Se reconoce, excepcionalmente, el abono de intereses en el supuesto de abono de gastos médicos procedentes de internamiento psiquiátrico que, de manera sistemática, la Seguridad Social ha venido denegando.

· STSJ Andalucía, de 30 de septiembre de 1999. Improcedencia del Reintegro de gastos médicos realizados fuera del sistema. La intervención quirúrgica se realizó en un centro privado sin agotar la posibilidad de su atención por los servicios oficiales. No había peligro para la integridad física o la vida del actor.

· STSJ Andalucía de 27 de junio de 2013 (rec 2123/2012). La empresa es responsable directa de las prestaciones, incluidos los gastos derivados de los honorarios médicos y de las pruebas diagnósticas, cuando haya incurrido en descubiertos reiterados.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL REINTEGRO DE GASTO:

1.- Para formalizar la solicitud de reintegro de gastos deben presentarse los siguientes documentos:

  • Una instancia según modelo oficial.
  • Fotocopia de documentos de asistencia del titular del derecho.
  • Documentos justificativos de los gastos efectuados, tales como recibos de honorarios profesionales, facturas oficiales, recetas particulares selladas y facturadas por la oficina de farmacia. Todos estos documentos deben ser originales.
  • Fotocopia del DNI y de la Cartilla de la Seguridad Social.
  • Impreso de mantenimiento a terceros, donde conste la Entidad y cuenta bancaria donde deben realizar el ingreso, firmado por el interesado y por el Banco.

2.- Si se produce la denegación del reintegro la administración competente en cada caso dicta resolución denegatoria del reintegro o bien por silencio administrativo se puede entender desestimada.

3.- Contra la resolución denegatoria cabe reclamación en vía jurisdiccional social, de conformidad con el Art. 69 ,LJSL, que denegada o trascurrido un mes sin haber notificado la resolución, se entenderá desestimada y podrá formalizar demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo de 30 días; frente a la resolución que se obtenga cabe recurso de suplicación y casación por unificación de doctrina.

4.-Reclamación de intereses

No sólo es posible obtener el reintegro de los gastos efectivamente desembolsados, sino que una vez la Administración los pagara, devengará el interés legal del dinero, transcurridos tres meses desde la firmeza de la sentencia o de la resolución que la reconozca, falta de abono de la cantidad reconocida, mediante solicitud por escrita del perjudicado.

Aunque sí se ha reconocido, excepcionalmente, el abono de intereses en el supuesto de abono de gastos médicos procedentes de internamiento psiquiátricos que, de manera sistemática, la Seguridad Social ha venido denegando, unido a la falta de instituciones donde efectuarse los internamientos (STSJ Galicia 2101/1993).

MODALIDADES DE REINTEGRO DE GASTOS SANITARIOS:

  • Reintegro de gastos farmacéuticos.
  • Reintegro de gastos por asistencia psiquiátrica.
  • Reintegro de gastos a residentes temporales u ocasionales en el extranjero.
  • Reintegro de gastos en los supuestos de administración de la hormona del crecimiento.
  • Reintegro de gastos a los accidentados de tráfico.
  • Reintegro de gastos a beneficiarios de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social que, provistos del formulario E-111, acuden a centros sanitarios de la Unión Europea.
  • Reintegro de gastos a asegurados que acuden a centros sanitarios nacionales o extranjeros autorizados por la Entidad Gestora o Servicio de Salud.
  • Reintegro de gastos a mutualistas de MUFACE.
  • Reintegro de gastos a afiliados y beneficiarios de la Mutualidad General Judicial.
  • Reintegro de gastos ocasionados por accidente de trabajo.
  • Reintegro de gastos del personal al servicio de la Administración Pública española que presta sus servicios en el extranjero.
  • Reintegro de gastos por la asistencia prestada a trabajadores al servicio de empresas españolas en el extranjero.
  • Reintegro de gastos durante una estancia temporal en un país comunitario.
  • Reintegro de gastos de los Testigos de Jehová.
  • Reintegro de gastos por desplazamiento.
  • Reintegro de gastos ocasionados por la prescripción de prótesis ortopédicas.

Documentos en elaboración.

DERECHOS DE LOS PACIENTES

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES:

· Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

· Real Decreto 183/2004, de 30 de Enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

VOLUNTADES ANTICIPADAS:

· Real Decreto 124/2’007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas.

DOCUMENTACIÓN CLÍNICA:

· Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el SNS.
· Orden de 6 de septiembre de 1984 por la que se regula la obligatoriedad del informe de alta.

TIEMPOS MÁXIMOS DE ESPERA:

· Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio , de criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a prestaciones sanitarias del SNS.
· Real Decreto 605/2003, de 23 de Mayo, medidas para el tratamiento de la información sobre las listas de espera en el SNS.

DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:

· Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
· RD 825/2010, de 25 de junio, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
· RD 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial, interrupción voluntaria del embarazo

TÉCNICAS HUMANAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA:

· Ley 14/2006, de 26 de Mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
· Real Decreto 42/2010, de 15 de enero, por el que se regula la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida

PRESTACIONES SANITARIAS

TRASPLANTES Y DONACIÓN DE TEJIDOS Y SANGRE:

· Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos
· Real Decreto 1527/2010, de 15 de noviembre, Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células
· Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, actividades de obtención, utilización clínica y coordinación trasplantes
· Orden SSI/2396/2014, de 17 de diciembre por la que se establecen las bases del Programa marco de calidad y seguridad para la obtención y trasplante de órganos humanos y se establecen los procedimientos de información para su intercambio con otros países.

· Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.
· Real Decreto 1088/2005, de 16 de Septiembre, centros y servicios de transfusión
· Orden SSI/2512/2013, de 18 de diciembre por la que se regula el procedimiento de autorización para la realización de actividades de promoción y publicidad de la donación de células y tejidos humanos.

SALUD PÚBLICA:

· Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública
· Ley 28/2005, de 26 de diciembre de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco
· Decreto 2263/1974, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria
· Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN

· Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

¿CÓMO HAGO PARA…

  • ¿Cómo presentar una reclamación ante la Administración sanitaria?

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  • ¿Ante quién presentar una reclamación? ¿Dónde presentarla?

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  • ¿Cómo ejercer los derechos de privacidad?

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RECLAMAR POR MALTRATO RECIBIDO?

SOLICITAR DEVOLUCIÓN DE GASTO DE FARMACIA?

SOLICITAR DEVOLUCIÓN DE UN GASTO POR ASISTENCIA SANITARIA?

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL REINTEGRO DE GASTO:

1.- Para formalizar la solicitud de reintegro de gastos deben presentarse los siguientes documentos:

  • Una instancia según modelo oficial.
  • Fotocopia de documentos de asistencia del titular del derecho.
  • Documentos justificativos de los gastos efectuados, tales como recibos de honorarios profesionales, facturas oficiales, recetas particulares selladas y facturadas por la oficina de farmacia. Todos estos documentos deben ser originales.
  • Fotocopia del DNI y de la Tarjeta sanitaria.
  • Si no se ha hecho constar previamente en el modelo de solicitud, incluir una fotocopia de la primera página de la cartilla del banco, o cualquier otro documento en el que aparezca el número de cuenta bancaria donde se desee que se realice el ingreso (IBAN).

2.- Si se produce la denegación del reintegro la administración competente en cada caso dicta resolución denegatoria del reintegro o bien por silencio administrativo se puede entender desestimada.

3.- Contra la resolución denegatoria cabe reclamación en vía jurisdiccional social, de conformidad con el Art. 69 ,LJSL, que denegada o trascurrido un mes sin haber notificado la resolución, se entenderá desestimada y podrá formalizar demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo de 30 días; frente a la resolución que se obtenga cabe recurso de suplicación y casación por unificación de doctrina.

4.-Reclamación de intereses

No sólo es posible obtener el reintegro de los gastos efectivamente desembolsados, sino que una vez la Administración los pagara, devengará el interés legal del dinero, transcurridos tres meses desde la firmeza de la sentencia o de la resolución que la reconozca, falta de abono de la cantidad reconocida, mediante solicitud por escrita del perjudicado.

Aunque sí se ha reconocido, excepcionalmente, el abono de intereses en el supuesto de abono de gastos médicos procedentes de internamiento psiquiátricos que, de manera sistemática, la Seguridad Social ha venido denegando, unido a la falta de instituciones donde efectuarse los internamientos (STSJ Galicia 2101/1993).

RECLAMAR DEVOLUCIÓN DE GASTO POR COMPRA DE PRÓTESIS?

PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL?

Este tipo de reclamaciones sólo puede presentarse ante la Administración (en nuestro caso, ante la Administración sanitaria), por lo que ha de seguirse el procedimiento administrativo. Se siguen los trámites establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. Aunque en este caso existen algunas particularidades que habrá que tener en cuenta.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO:

Aunque este tipo de procedimiento puede iniciarse de oficio o a instancia de un usuario, aquí nos interesa esta última modalidad. Por tanto, la documentación que deberá aportarse será:

1. Escrito en el que se relaten la sucesión de hechos y los motivos para considerar que existe motivo de reclamación. En esta narración hay que hacer especial hincapié:

a) la individualización de la lesión o daño sufrido. Es importante determinar la persona o el colectivo que ha sufrido dicho daño.

b) La razón por la que se considera responsable el servicio público (nexo causal)

c) La evaluación económica de la lesión. Su valoración. Hay que ser lo más concreto posible (la aportación de facturas abonadas como consecuencia de esa lesión, justificación de ingresos perdidos o no conseguidos,…)

d) la identificación del momento en que se produjo el daño.

e) debe dirigirse al órgano competente para resolver, que en principio debería ser la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma

2. Documento de identificación del solicitante y del paciente, en el caso de que se actúe en representación de éste.

 

Toda esta documentación, elaborada en un sólo documento (aunque sea extenso) se presentará ante cualquiera de los registros oficiales de la administración sanitaria contra la que se presente (es recomendable consultar en su página web), o ante cualquiera de los Registros Generales de la Administración autonómica de que se trate.

CÓMPUTO DEL PLAZO:

La reclamación patrimonial ante la Administración tiene que presentarse en el plazo de UN año desde que se produce la lesión que la provoca.

No obstante, existen una serie de particularidades a tener en cuenta si la lesión es de ámbito personal. El plazo comienza a computar:

a) desde el momento en que se manifieste el daño (que no necesariamente tiene que coincidir con el momento en el que se produce), o

b) desde el momento en el que se determine el alcance de las secuelas.

SUSPENSIÓN DEL PLAZO:

Existen DOS clases de suspensión del plazo para reclamar:

1 – Cuando las lesiones son continuas: En este caso, el plazo para reclamar comenzará a computar en el momento en que la lesión deje de producirse.

2 – Cuando los daños se entienden como permanentes: En estas situaciones, el plazo para reclamar comienza en el momento en el que se determine la permanencia de las secuelas.

 

· La reclamación patrimonial debe relatar la situación generada, el daño producido, su cuantificación y la relación entre la acción de la Administración el el daño. Es necesario tener presentes tanto los plazos de presentación como de suspensión.

· Recepcionada por la Administración y tras una valoración inicial, es notificada a las partes el Inicio del Procedimiento. A partir de ese momento se invita al reclamante a aportar todas las pruebas y argumentos a su favor que posea. Plazo: 10 días.

· Al mismo tiempo, la Administración que resolverá solicitará al órgano administrativo pertinente un informe oficial de lo sucedido.

· Recepcionada toda la documentación, se da traslado del expediente al Consejo Consultivo regional correspondiente, que emitirá un informe, o informe-propuesta en el que desarrollará la argumentación jurídica de su postura (plazo aproximado: entre 2 y 3 meses).

‘ Recibido el informe-propuesta de resolución la Administración abre el Trámite de Audiencia al reclamante para que, a la vista de dicho informe, pueda alegar, decir o contradecir lo que estime oportuno.

· Finaliza el procedimiento de Reclamación Patrimonial de cualquiera de estas DOS formas:

a) Resolución expresa y definitiva por parte de la Administración competente.

b) Resolución presunta o silencio administrativo (Se entiende que sucede cuando transcurren SEIS meses sin que se haya emitido una resolución expresa)

· La Resolución (expresa o por silencio administrativo) pone fin a la vía administrativa.

· No es necesario interponer ningún tipo de recurso (en caso de no estar de acuerdo con la Resolución) para presentar demanda en el Juzgado Contencioso-Administrativo)

· Si, por contra, la resolución no es de nuestro agrado, podemos presentar Recurso Potestativo de Reposición, con estas características.

a) ante el mismo órgano administrativo que dictó la Resolución (por tanto, hay pocas posibilidades que le convenzamos del error en su decisión)

b) el recurso debe desarrollar e intentar desmontar los argumentos en los que se basó la Resolución para no darnos la razón.

c) el plazo para presentar el Recurso es de UN MES.

d) la Administración dispone de UN MES para valorar nuestro recurso y resolver.

c) la resolución también puede ser: expresa o presunta (silencio administrativo). En este caso el silencio administrativo es más difícil que se produzca, puesto que nos daría la razón (silencio administrativo positivo).

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