Acceso universal al Sistema Sanitario Público. ¿De verdad es Universal?

Acceso universal al Sistema Sanitario Público. ¿De verdad es Universal?

Son tiempos complicados para el Sistema Nacional de Salud. Lo vienen siendo desde el año 2012 en que el partido gobernante en aquél momento (PP) decidió dar un vuelco a la sanidad pública. Entre otras cosas, limitar el acceso universal al Sistema Público de Salud.

Los motivos alegados, entre otros, eran los de “reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, introducir nuevas herramientas a través de las nuevas tecnologías, ganar en cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y los sociales y, sobre todo, garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional con una cartera básica de servicios comunes”.

Algunos de los cambios más importantes introducidos el año 2012 a través del RDL 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, intentan revertirse en este 2018 con la publicación del RDL 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Ya veremos. Queda por ver cómo van a llevar a la práctica este confuso RDL los diferentes Sistemas Sanitarios autonómicos.

Está en cuestión, entre otras importantes cosas, la forma de acceso a la sanidad pública por parte de los ciudadanos y usuarios.

El fin último (aparentemente) es el de universalizar la asistencia sanitaria y convertirla en lo que siempre debió ser:  un derecho fundamental , accesible sin restricciones ni obstáculos.

SITUACIÓN DE PARTIDA

Partimos de una situación generada por el ya mencionado RDL 16/2012 que se redactó y desarrolló con criterios economicistas. En el año 2012 estábamos en plena crisis económica y había que recortar allá donde se pudiera y dónde no se pudiera. El objetivo fundamental era reducir y controlar el déficit. Por cierto, nunca se ha llegado a evaluar (y no se si hubo alguna vez intención de hacerlo) si aquellas medidas mejoraron la eficiencia en el ámbito sanitario.

Como consecuencia de ello, desaparece el concepto clave de “ residencia ” para acceder a la sanidad pública. Aparece el concepto de “ asegurado ”, que genera dudas y exclusiones. La primera consecuencia directa: desapareció la cobertura sanitaria universal.

A partir de ese momento, para recibir asistencia sanitaria hay que ser o haber sido cotizante a la seguridad social, o beneficiario de cotizante (conyuge, hijo menor de 26 años), o no tener ingresos suficientes.

Quedaban fuera de la cobertura sanitaria:

  • Los extranjeros  extracomunitarios sin permiso de residencia  (si no tienen permiso no pueden trabajar oficialmente, no cotizan) Si trabajan en la economía sumergida no pueden enfermar.
  • Los extranjeros  extracomunitarios , que aún teniendo  permiso de residencia  en España, no hubieran trabajado ni cotizado. Tampoco pueden enfermar.
  • Los  extranjeros comunitarios  que (a pesar de existir la libre circulación de personas) no se encuentren “regularizados” en España.
  • Los  españoles mayores de 26 años  que no hubiesen cotizado nunca (no haber trabajado ni haberse beneficiado de subsidio o ayuda). Aquí debemos incluir, por ejemplo, a los hijos de asegurados que hubieran acabado su carrera universitaria, no encontraran trabajo y hubieran cumplido los 26 años. Ahora bien, estos usuarios podían acceder a la asistencia si demostraban que no disponían de ingresos suficientes para sobrevivir (artículo 3.3 de la Ley 16/2003, modificada por el RDL 16/2012).

Es decir, se aseguraba la asistencia sanitaria para todos los ciudadanos con nacionalidad española (si no superaban un umbral de ingresos), pero quedaban fuera de dicha asistencia muchos grupos de extranjeros.

Por otra parte,  se introduce el copago farmacéutico , (inclusión de un nuevo artículo, el 94 bis en la Ley 29/2006 de uso racional del medicamento), en el que se incluye la nueva aportación que deben realizar los beneficiarios del sistema de salud, y que estará en función de su renta, cubriendo una gama de porcentajes del precio de venta al público del fármaco (60, 50,40, 10 o exención total).

Con esas mimbres muchas Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias (o al menos así lo creen ellas), legislan para extender, dentro de su ámbito territorial, la cobertura sanitaria pública a la población inmigrante en situación irregular. Como todo el mundo puede imaginar, esto provocó una variabilidad normativa (Ley foral, Decretos, Órdenes, Instrucciones, Resoluciones), de variaciones de exigencias y de derechos de acceso que no favorece el concepto de Sistema (en singular) Nacional de Salud español.

¿Y con estas iniciativas se facilita la universalización de la asistencia sanitaria? Pues no exactamente. Todas las disposiciones normativas autonómicas exigen el cumplimiento de los usuarios de una serie de requisitos administrativos, principalmente el de inscripción en el padrón municipal de donde habite. Incluso algunas de ellas exigen el empadronamiento continuado durante un período mínimo de un año anterior a la solicitud de la asistencia (Servicio Vasco de Salud, Decreto 114/2012).

Por tanto, las Comunidades Autónomas han retomado el modelo de aseguramiento ( criterio de “residencia” ) anterior a la reforma del 2012, pero sólo para los extranjeros en situación administrativa irregular. Para el resto de usuarios el criterio de acceso a la asistencia es el de “asegurado/beneficiario”.

La incongruencia es que, mientras los Sistemas Sanitarios Públicos autonómicos se empeñan en buscar los entresijos legales para ofrecer atención sanitaria a estos grupos de usuarios, los tribunales (incluido el Tribunal Constitucional) han ido invalidando estas medidas.

Y AHORA, ¿QUÉ?

Pues todos los operadores sanitarios están expectantes. El nuevo RDL de acceso universal a la asistencia sanitaria tiene sus luces y sus sombras, por ejemplo:

  • Reconoce el derecho a la asistencia sanitaria a quienes residan en España (da igual si de forma regular o irregular)
  • Pero  no desarrolla la norma legal  para posibilitar que eso sea así.  Ni siquiera, pueden recibir asistencia los ciudadanos comunitarios que no se hayan inscrito en el Registro Central de Ciudadanos de la Unión  (se les solicita aportación de documentos de su país de origen)

Pero la clave la tienen el Ministerio de Sanidad y los Servicios Sanitarios de las Comunidades Autónomas ya que:

  1. Es el Ministerio quien debe reconocer y controlar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos (modificado el art. 3 bis.1 de la Ley 16/2003)
  2. Son los servicios sanitarios autonómicos quienes deberán hacer efectivo el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos (modificado el art. 3 bis.2 de la Ley 16/2003)
  3. El Ministerio de Sanidad no dispone ni de herramientas ni de recursos para realizar esa labor en cada pueblo, en cada centro de salud.
  4. Pero, hasta el día de hoy, tampoco delega esa labor de reconocimiento del derecho a los Sistemas Sanitarios Autonómicos.

En definitiva,  un colapso asistencial que provoca desatención a los ciudadanos  y una buena dosis de incertidumbre en todos los operadores públicos que directamente o indirectamente participan en todo este proceso (INSS, Servicios Sociales, Servicios sanitarios autonómicos, Oficinas de Extranjería,…)

 

 

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